En El Salvador, la «guerra» contra las pandillas lleva el sello de Bukele

Con la entrada en vigor de un paquete de reformas penales esta semana en El Salvador, Nayib Bukele demostró una vez más su predilección por las políticas de mano dura. Estas medidas, que endurecen las penas contra los pandilleros y que incluyen la cárcel para menores, pretenden ser eficaces para acabar con el recrudecimiento de la violencia en el país, pero los críticos las cuestionan por no abordar las causas profundas de la criminalidad.

Se hablaba de calma, con asesinatos reducidos a niveles históricos durante el último año. Pero, de repente, El Salvador volvió a ser el teatro de una violencia desmesurada.

El 26 de marzo, se marcó el récord de 62 homicidios en un solo día. Expertos sentenciaron que se trató del mayor número de asesinatos en un día en lo que va de siglo. En total, 87 personas murieron durante el pasado fin de semana en el país.

El Ejecutivo salvadoreño atribuye esa violencia a las pandillas, también llamadas ‘maras’. Se calcula que unos 70.000 pandilleros operan actualmente en el país centroamericano, luchando por el control de las operaciones de extorsión y de narcotráfico. Entre los grupos de mayor peso está la Mara Salvatrucha, que se originó en cárceles de Estados Unidos, y Barrio 18.

La respuesta del presidente Nayib Bukele a ese alarmante aumento de muertes mostró claras intenciones de autoridad. El domingo 27 de marzo, pidió al Congreso que aprobara un régimen de excepción, invocando poderes de emergencia.

La medida estará vigente un mes e incluye restricciones de libertades civiles. «Bajo este régimen de excepción, el Gobierno podrá interceptar comunicaciones, prohibir reuniones o manifestaciones, y realizar procesos penales abusivos con total impunidad», explica a France 24 Juan Pappier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El régimen de excepción alberga también la ampliación de los poderes de la Policía y del Ejército en el control del orden público. En la práctica, el mandatario incrementó los operativos militares y policiales en diferentes colonias presuntamente dominadas por las maras, los cuales se han saldado, según Bukele, con casi 4.000 detenidos.

Unas medidas extremas que preocupan a los defensores de los Derechos Humanos: «A mí, cualquier política de seguridad que exija que los Salvadoreños renuncien, así sea temporalmente, a sus derechos básicos me parece una política fracasada», sentencia Pappier.

Hasta 20 años de prisión para menores de 16 años vinculados con pandillas

Las críticas y preocupaciones no frenaron al presidente de El Salvador. Este jueves entró en vigencia un paquete de reformas que constituyen la aplicación penal de la firmeza defendida como estandarte por Bukele.

Las 8 reformas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Antiterrorismo.

La enmienda al Código Penal establece, por ejemplo, penas de entre 40 y 45 años de cárcel para los jefes de las bandas, frente a los seis o nueve años anteriores. «Estas reformas pretenden imponer duras penas a estos terroristas que se creen por encima de la autoridad y juegan con la vida de los Salvadoreños», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

El Congreso, de mayoría oficialista, también aprobó que los adolescentes desde los 12 años sean juzgados como adultos y podrán recibir penas de hasta diez años de cárcel. Anteriormente la medida más excepcional era el internamiento.

Detenidos, racionados, incomunicados y humillados

Sin embargo, las medidas más mediáticas fueron las aplicadas en las cárceles del país centroamericano. Varias cuentas del Gobierno se dedicaron estos días a publicar impactantes imágenes de presos en ropa íntima, sentados uno contra el otro en el suelo, y casi ninguno llevando mascarillas.

La estrategia de Bukele fue lanzar un ultimátum a los que designa responsables de la ola de violencia, al endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16.000 pandilleros encarcelados.

De esta manera, el mandatario no dudó en autorizar el uso de la fuerza letal por parte de la Policía y del Ejército «para defensa propia o para la defensa de vida de los Salvadoreños». Ordenó también suspender todo contacto de los reos con el exterior, -un «encierro absoluto 24 horas al día»- , además de racionarles la comida y quitarles las colchonetas para dormir.

«El Gobierno tiene motivos justos para responder a la ola de violencia reciente y tomar medidas para proteger a la población», constata el investigador Pappier. «Pero ello debe ocurrir siempre dentro del estado de derecho. Aquí, en cambio, vemos a un presidente que ha hecho gala de una suerte de castigo colectivo contra los presos, incluyendo a muchos que pueden no estar relacionados con los recientes homicidios».

Añadir más tensión a las cárceles salvadoreñas

A modo de castigo, las autoridades penitenciarias también unieron a pandillas rivales dentro de una misma celda. Por lo que el periodista salvadoreño Rafael Domínguez recuerda que «en el pasado, las pandillas tuvieron episodios de violencia muy serios dentro de centros penales, razón por la cuál las autoridades los separaron a tal grado de tener cárceles exclusivas por pandillas». Antes de concluir: «Las cárceles están sobrepobladas y cualquier cosa podría suceder».

Otra preocupación generada por estas medidas, esta vez en el exterior del país, es la de un «éxodo» de pandilleros hacia los países vecinos, en un intento por buscar refugio. «Las pandillas se convirtieron en organizaciones transnacionales con presencia en varios países de Latinoamérica, España y Estados Unidos, lo que evidentemente hace pensar en su movilidad por la región. Por lo tanto, el riesgo existe para Guatemala, México y Honduras», señala Domínguez.

Frente al temor de una fuga de pandilleros, Guatemala, Honduras y México ya reforzaron sus fronteras con dispositivos de seguridad e inteligencia.

Medidas llamativas, ¿una cortina de humo?

Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado. Y, efectivamente, las cifras muestran que la tasa de asesinatos disminuyó constantemente desde que asumió el cargo. Por ejemplo, en 2021 se registraron 1.147 homicidios, mientras que en 2017 fueron 3.962.

El medio independiente ‘El Faro’, profundamente crítico con Bukele, atribuye el descenso de las muertes a un presunto acuerdo que el Gobierno habría firmado con las pandillas, algo que el Ejecutivo niega. Por su parte, Estados Unidos sancionó meses atrás a integrantes del Gobierno salvadoreño, tras acusarlos de negociar con el crimen autorizado. 

En medio de estos señalamientos, la caída de los homicidios le valió a Bukele un repunte de popularidad: en diciembre, un 85% de los Salvadoreños dijo aprobar su gestión, según un sondeo de La Prensa Gráfica. Un mecanismo previsible según Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista: «Los gobiernos, al no poder responder de manera estructural a las causas que generan la violencia, recurren a este tipo de respuesta porque les genera popularidad con una población que espera una respuesta inmediata».

Sin embargo, esas disposiciones carecen de eficiencia, según cuenta Reyna a France 24: «Nunca han tenido un impacto a largo plazo en el funcionamiento de las pandillas».

Un punto de vista compartido por el investigador de Human Rights Watch Juan Pappier: «Hemos visto una baja en los homicidios en los últimos días, pero no sabemos si es consecuencia de las políticas draconianas del régimen de Bukele. Lo cierto es que en El Salvador las maras cuentan prácticamente con un «switch» o válvula, y deciden aumentar o disminuir los homicidios a total discreción».

Los dos expertos coinciden en que una política eficiente debería atacar las causas estructurales de la criminalidad y de la pandillas: «En el mediano plazo, una política que busque frenar la violencia en El Salvador debería estar centrada en desmantelar a estos grupos de forma sostenible y otorgar oportunidades a los jóvenes salvadoreños para que no vean a las maras como su única oportunidad», concluye Pappier.

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