El 9 de septiembre de 2026 marca un punto crítico para más de 170,000 salvadoreños
que han vivido en Estados Unidos bajo el programa Temporary Protected Status (TPS)
durante un cuarto de siglo. Tras múltiples extensiones desde 2001, el gobierno federal
confirmó que la designación para El Salvador llegará a su fin, dejando a miles de
personas en un estado de incertidumbre migratoria y emocional. ¿Qué significa y cómo
afecta a miles de familias en Estados Unidos?
El TPS fue otorgado a El Salvador en 2001 después de una serie de terremotos
devastadores. Desde entonces, administraciones de ambos partidos extendieron la
protección debido a condiciones ambientales, económicas y sociales persistentes. Sin
embargo, la actual administración decidió no renovarlo, apoyada por un fallo de la
Corte Suprema que limita la capacidad de los tribunales para revisar decisiones sobre
TPS.
La decisión implica que, salvo nuevas acciones legales o una redesignación, los
permisos de trabajo y la protección contra deportación expiran oficialmente.
La terminación del TPS impactará directamente de170,000 a 232,000 salvadoreños,
según distintas estimaciones oficiales. Si se incluyen sus familias, el número es aún
mayor. más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre
con TPS.
Al expirar el TPS, los beneficiarios perderán su autorización laboral y quedarán
expuestos a procesos de deportación. Muchos han vivido aquí por más de 25 años, con
trabajos estables, negocios propios y raíces profundas en sus comunidades.
La terminación podría dividir familias mixtas, donde padres con TPS tienen hijos
ciudadanos estadounidenses. La posibilidad de deportación genera temor y angustia
entre quienes han construido su vida en este país.
Esto conlleva un impacto económico en EE. UU. y El Salvador ya que los salvadoreños
con TPS han contribuido significativamente a la economía estadounidense,
especialmente en sectores como construcción y servicios. Su salida afectaría a
empleadores y economías locales y en El Salvador, la reducción de remesas
representa entre el 24% y 26% del PIB del país lo que tendría efectos severos en miles
de hogares.
Aunque el gobierno salvadoreño ha reducido los índices de homicidios, organizaciones
internacionales advierten sobre detenciones arbitrarias, violaciones de derechos
humanos y un debilitamiento del estado de derecho bajo el régimen de excepción. Esto
significa que muchos retornados podrían enfrentar riesgos no solo de violencia criminal,
sino también institucional.
Aunque el fin del programa es oficial, aún existen algunas rutas limitadas por eso
deben consultar con abogados de inmigración para evaluar opciones individuales,
explorar posibles solicitudes familiares si tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años,
revisar si califican para otros programas humanitarios o visas especiales y mantenerse
informados sobre litigios pendientes o posibles acciones del Congreso.
Para muchos salvadoreños, Estados Unidos ha sido su hogar por más de dos décadas.
Han trabajado, pagado impuestos, criado hijos y contribuido al crecimiento de sus
comunidades. El fin del TPS no solo representa un cambio legal, sino un golpe
emocional y social que podría transformar la vida de cientos de miles de personas.
La historia aún no está cerrada. Organizaciones, líderes comunitarios y defensores
continúan presionando por una solución permanente que reconozca la realidad de
quienes han vivido aquí por generaciones. Mientras tanto, la incertidumbre marca el día
a día de miles de familias que esperan respuestas y opciones claras para su futuro.
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