La reforma judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, busca transformar profundamente el sistema judicial del país.
Una de las propuestas más controvertidas es que los jueces y magistrados, incluyendo
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por
voto popular. Esto cambiaría el proceso actual, donde los ministros son propuestos por
el presidente y ratificados por el Senado. Los críticos argumentan que esto podría
politizar el sistema judicial, ya que los candidatos podrían verse influenciados por
intereses políticos y campañas electorales.
Al ser elegidos por voto popular, los jueces y magistrados podrían sentirse presionados
a tomar decisiones que agraden a la mayoría de los votantes o a los partidos políticos
que los apoyan, en lugar de basarse únicamente en la ley y la justicia.
Por otro lado los que están a favor alegan que con esta reforma se acaba la
partidocracia que se repartía los espacios de la alta burocracia judicial. El Status quo
está a punto de ser quebrado, el paradigma que el poder judicial era intocable, y solo
se lo repartían una minoría poderosa, va a caer.
Se propone la creación de una Ley Nacional de Carrera Judicial que unifique las reglas
y procedimientos para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos judiciales
se realice a través de procedimientos objetivos.
La reforma incluye medidas para mejorar la ética y la legitimidad del sistema judicial,
así como para fortalecer los poderes judiciales locales. También se contemplan
reformas para mejorar la seguridad pública, la investigación criminal y la atención a
víctimas de delitos.
Organizaciones y expertos en derecho han advertido que la reforma podría debilitar la
independencia judicial, uno de los pilares esenciales para la protección de los derechos
humanos y las libertades en México.
Los que promueven la reforma afirman que la independencia judicial NO está en riesgo
porque no se busca desaparecer al poder Judicial sino reinventarlo, reformarlo,
refundarlo y que la nueva generación está viviendo un cambio de paradigma, creando
el nuevo derecho constitucional mexicano buscando construir un Estado Social de
Derecho.
El embajador estadounidense Ken Salazar se refirió al tema diciendo que la elección
directa por voto popular no es el método más adecuado para integrar al Poder Judicial.
Según el diplomático, esta medida representa un peligro para el funcionamiento
democrático del país y podría poner en riesgo la integración comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá, bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá y crear temor entre los posibles inversionistas.
El Embajador también advirtió sobre los riesgos que esta reforma podría acarrear en
términos de seguridad, mencionando que la elección directa de jueces podría facilitar la
infiltración del narcotráfico en el sistema judicial.
«Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros
actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas»,
agregó.
A esta reforma le queda un camino complicado por recorrer, ha generado un intenso
debate en México, con opiniones divididas sobre su impacto y efectividad y como
equilibrar la necesidad de reformas con la preservación de un sistema judicial
independiente y justo.
