A partir del 1 de octubre de 2024, varias nuevas leyes entrarán en vigor en Florida,
firmadas por el gobernador Ron DeSantis. Son 33 nuevas leyes que abarcan una
amplia gama de temas, desde el crimen hasta la regulación de vehículos.
Ley HB 549: Esta ley impondrá castigos más severos para los delincuentes que
cometan robos en comercios y porches, es decir aumenta las penas para delitos de
robo catalogados como los «porch pirates» (ladrones que roban paquetes de los
porches) e introduce sanciones para los robos «smash-and-grab» que involucran a
grupos que irrumpen en tiendas para robar.
HB 1049 — Divulgación de inundaciones en la venta de bienes inmuebles lo que exige
que los vendedores de propiedades residenciales proporcionen una divulgación de
inundaciones al comprador que debe incluir un descargo de responsabilidad sobre
seguros de inundación y detalles sobre reclamaciones previas y asistencia federal
recibida.
HB 1365 — Acampar y dormir en lugares públicos, prohibiendo a los gobiernos locales
que las personas acampen o duerman regularmente en propiedades públicas. Los
condados pueden designar una propiedad para este fin por hasta un año,
estableciendo normas para seguridad y servicios.
Ley SB 1036: Incrementa las penas por crímenes cometidos por personas que se
encuentran en el país después de haber sido deportadas.
Regulación de carritos de golf, estableciendo una edad mínima para manejar carritos
de golf, protección a personas mayores implementado acciones penales más severas
contra quienes abusen o exploten a personas mayores de 65 años, nuevas medidas
enfocadas en mejorar la educación y la seguridad en el estado.
También se introducen nuevas placas de matrícula con tarifas anuales de $25, y se
incrementan las penas para delitos como el «voyeurismo digital».
Además, se implementarán regulaciones para proteger a menores de dispositivos de
dispensación de nicotina atractivos y se mejorarán las penas para delitos relacionados
con la explotación infantil.
Las fuerzas del orden también recibirán entrenamiento especializado sobre el manejo
de personas con Alzheimer. Otras leyes renovarán exenciones de registros públicos,
ampliarán los límites de distritos especiales y ajustarán las normativas para la
protección de inversores y la venta de vehículos.
Estas leyes abarcan diversas áreas como la seguridad, la vivienda y la protección al
consumidor, y buscan mejorar la calidad de vida de los residentes reflejando un
enfoque proactivo en la gobernanza estatal, buscando mejorar diversos aspectos de la
vida en Florida.
Sin embargo, hay una bien controversial la ley HB 433, que prohíbe a los gobiernos
locales establecer reglas de exposición al calor para los trabajadores y les impide
imponer requisitos de salario mínimo a los contratistas, lo que ha suscitado un debate
sobre su impacto en la seguridad y el bienestar de los trabajadores hispanos.
La aprobación de esta ley, que tuvo lugar en una firma sin comentarios por parte del
gobernador, ha sido celebrada por grupos empresariales como la Federación Nacional
de Empresas Independientes de Florida, argumentando que ayudará a crear un
entorno más estable para el crecimiento de los negocios.
Sin embargo, más de 90 organizaciones, incluyendo el Centro para la Diversidad
Biológica y la Liga de Mujeres Votantes de Florida, han expresado su oposición,
destacando preocupaciones sobre la seguridad y los derechos laborales.
Una de las principales preocupaciones de los opositores es la eliminación de las
protecciones contra el calor extremo para los trabajadores, especialmente en un estado
como Florida, donde las altas temperaturas son una preocupación constante. Y donde
es relevante proporcionar agua, descanso y sombra a los empleados en días
calurosos.
Además, la ley también plantea preocupaciones sobre los salarios de los trabajadores
al impedir que los gobiernos locales exijan el pago de salarios a los contratistas por
encima del salario mínimo del estado.
El salario mínimo en todo el estado de Florida es actualmente de $12 por hora y está
programado para aumentar a $13 por hora el 30 de septiembre. Según una enmienda
constitucional aprobada en 2020, se espera que el salario mínimo continúe
aumentando gradualmente hasta alcanzar los $15 por hora en 2026, y luego se
ajustará anualmente según la inflación a partir de 2027.
La medida, según sus críticos, podría resultar en una reducción de los salarios para los
trabajadores en algunas ciudades y condados, y que va en contravía de los esfuerzos
por garantizar salarios justos y dignos para todos los trabajadores.
Los opositores también han señalado la contradicción entre esta ley y los esfuerzos
federales de protección laboral, especialmente en lo que respecta a la exposición al
calor.
Aunque la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional tiene la
capacidad de tomar medidas contra los empleadores que exponen a los trabajadores a
condiciones peligrosas, la eliminación de las protecciones a nivel local podría dificultar
la aplicación efectiva de estas medidas.
