La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos es un proyecto
de ley que ha generado mucha discusión y tensión en Argentina. Aprobada
recientemente, esta ley tiene como objetivo promover la iniciativa privada y el desarrollo
económico, limitando la intervención estatal.
El Senado de Argentina aprobó en lo general la Ley de Bases y Puntos de Partida para
la Libertad de los Argentinos, un proyecto que impulsa el presidente Javier Milei con
reformas al Estado y diversas desregulaciones.
Después de una votación de 36 a favor por 36 en contra, la vicepresidenta Victoria
Villarruel dio el desempate. Desde la tribuna, dijo que su apoyo a la ley se debe a que
la considera necesaria para que el país avance.
El proyecto contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de
emergencia pública en áreas como la economía, la financiera, la fiscal, la social,
previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Además, establece una serie de reformas administrativas, económicas, financieras,
laborales, fiscales y previsionales.
La tensión proviene de varias razones:
Desregulación económica: La ley propone desregular varios sectores económicos, lo
que podría afectar a las empresas y trabajadores que dependen de ciertas
regulaciones.
Delegaciones legislativas: La posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga más control
sobre áreas clave puede generar preocupaciones sobre el equilibrio de poderes
Impacto social: Algunos críticos argumentan que las medidas propuestas podrían tener
un impacto negativo en los servicios sociales y en la población más vulnerable.
La ley es llamada “ley ómnibus” ―que propone profundas reformas al Estado y
desregulación de legislaciones varias―, distintos grupos de personas, entre ellas
integrantes de agrupaciones políticas y sindicales, se concentraron en el centro de la
Ciudad de Buenos Aires para manifestarse. Algunos se agolparon desde la noche del
martes en la plaza frente al recinto y fueron custodiados por policías en la zona.
El paquete ―que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados― incluye
diversas modificaciones y medidas, incluido declarar “emergencia pública en materia
administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”, lo cual
delegaría facultades en esas áreas al Poder Ejecutivo para legislar sin necesidad de
pasar por el Congreso.
Muchos lo comparan con lo hecho por Bukele en el Salvador y temen un retroceso a la
democracia y a los poderes institucionales en la región.
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